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Sotanas y narcos

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“Son intereses jacobinos los que intentan deslegitimar la misión eclesiástica. ¿Acaso es un crimen que los narcotraficantes arrepentidos de sus pecados se acerquen a la Iglesia? Ella, la Iglesia, no está obligada a rendir información sobre los recursos que le entran»

(C. Abascal cuando Sec. de Gobernación.)

¿Así que gobernadores corruptos? ¿Y ciertos jerarcas católicos?  «Las limosnas de los narcos  se purifican al entrar a la Iglesia»: Ramón Godínez, entonces obispo de Aguascalientes.

El religioso  Leonardo Boff: “Es profundamente antiético que jerarcas de la Iglesia Católica Mexicana se hayan visto envueltos en problemas con el narcotráfico. El poder religioso entra siempre en articulación con el poder político y el poder económico. Si el poder religioso no es vigilado, controlado, y si no mantiene su altura ética, degenera en los negocios sucios».

El Teólogo de la Liberación fue desmentido por el obispo Sergio Obeso: “Rechazo que la Iglesia utilice dinero del narcotráfico. Se pueden decir tantas cosas, pero hay que probarlas».

Carlos Quintero, obispo: “Claro que sí, lo acepto: recursos del narcotráfico han llegado hasta las arcas de la Iglesia, particularmente en esta frontera. En Tijuana hay familias que han sostenido parroquias con dinero del narcotráfico. Seamos realistas. Si, no podemos ocultar el mal, pero tampoco debemos omitir las cosas buenas del mal. Aquí hemos encontrado familias buenas que han ayudado a sostener el seminario y muchas otras que han aumentado el número de parroquias».

Y un sacerdote José Raúl Soto,  de la Universidad Pontificia de México:

“Aquí, en la basílica de Guadalupe, los narcotraficantes son muy generosos. Sin dejar de ser traficantes de drogas ayudan y dan limosnas que nosotros ya las quisiéramos hacer. Los más generosos han sido Rafael Caro Quintero y Amado Carrillo Fuentes”.

Alberto Athié sacerdote: “La Iglesia Católica Mexicana se mantendrá siempre abierta a los narcotraficantes, sí, pero sólo para pedirles que abandonen su actividad. Ellos, los narcotraficantes, son vistos como los más malos entre los malos, pero en muchas ocasiones son diferentes. No podemos identificarlos como personas esencialmente malas. Hay quienes tienen la inquietud de buscar el bien y con sus generosas limosnas hacer cosas a favor de la comunidad”.

“Yo sí reconozco que recibo sus donativos”, afirma Ernesto Alvarez, sacerdote amigo de la familia de Amado Carrillo Fuentes, al que se dice acompañó en un viaje por Tierra Santa y celebró, en El Guamuchilillo, Sin.,la misa de cuerpo presente en el sepelio de “El Señor de los cielos”.

Feligreses de Malpaso, Ags., acusaron al cura: “Mantiene relaciones con narcos. Ellos le obsequiaron una camioneta y una arma de fuego. Maneja una sola capilla de una población de tres mil habitantes, pero tiene dos cuentas bancarias, una con más de un millón 300 mil pesos”.

Jerónimo Prigione, cuando nuncio apostólico de El Vaticano en nuestro país: “Fue el padre Gerardo Montaño el enlace entre los  Arellano Félix y yo. Pero no volveré a tener contacto alguno ni a entrevistarme con otros narcotraficantes”.

Onésimo Cepeda, empresario taurino y obispo:  “Nosotros los clérigos les podemos decir a Amado Carrillo y demás narcotraficantes: Váyanse, hijos, el Señor los perdona y no pequen más».

Fechada en 1997:  “La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público no prevé sanciones por el caso de las narco-limosnas ni habrá modificaciones al respecto”. Sin más.  A los gobernadores corruptos la ley. ¿Y a las sotanas?  (México.)

¿Sigue en Los Pinos Echeverría?

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¿Su guerra sucia se prolonga en México? ¿Sus fuerzas regulares,  escuadrones de la muerte y Halcones continúan generando miles de desplazados en el país? ¿Se advierte, acaso, diferencia alguna entre el gobierno del tablajero priísta y el matancero del Verbo Encarnado? Aquí, la voz de los desplazados del Sistema de poder, víctimas sometidas a despojos de sus tierras y pérdida de sus costumbres y tradiciones. Así, palabra a palabra,  comunican a ustedes su situación conflictiva:

Buscamos donde sobrevivir. Cada vez somos más mexicanos los que hemos debido abandonar nuestras casas, trabajo, comunidad. Esto, contra nuestra voluntad, dejando costumbres y tradiciones ancestrales, producto del esfuerzo familiar de años y generaciones enteras. En este proceso por salvar la vida hemos visto fragmentarse nuestras familias y  sufrido la pérdida de seres queridos.

Desde los 80s comunidades y organizaciones diversas hemos venido luchando por un cese al desplazamiento. En Huitzilan, Puebla, la Unión Campesina Independiente (UCI) ha denunciado  hostigamiento, desaparición y violencia que sufren por parte de paramilitares y caciques para apropiarse de sus tierras.

Violencia han sido el despojo de los triques del Municipio Autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, y la masacre de Acteal, donde indígenas tzotziles fueron asesinados por un grupo paramilitar, que provocó el desplazamiento de toda la comunidad. En todos los casos participan paramilitares que actúan bajo resguardo y complacencia del Estado  para desplazar a la población civil de forma masiva.

Luego del revés sufrido al intentar apoderarse de las tierras de Atenco mediante la expropiación para construir un Aeropuerto (proyecto que incluía el desplazamiento de los pobladores originarios, campesinos en su mayoría con un arraigo muy fuerte a su tierra), el Estado afina su estrategia para instaurar sus proyectos, que incluye el fomento de grupos paramilitares y el traslado de la violencia de la “Guerra contra el narco” a las comunidades, con lo que ha legitimado la presencia del ejército en gran parte del país, que cumple una función de hostigamiento a la población civil en su conjunto, particularmente  a las organizaciones sociales.

Desarraigados en nuestro propio país, víctimas de intereses económicos, políticos y militares, cargamos sobre nuestros hombros el peso de las masacres, las desapariciones forzadas, las torturas, violaciones sexuales, los allanamientos ilegales y los encarcelamiento arbitrarios, todos ellos reconocidos como delitos de lesa humanidad.

Nos desplazan para apoderarse de nuestras tierras y bienes. Nos han expulsado por liderar procesos sociales de beneficio comunitario o por expresar opiniones críticas sobre la realidad social, política y económica del país. El Estado, a quien responsabilizamos de nuestra suerte por acción u omisión, nos ignora, nos niega, nos reprime.

¿Qué hacer? Para hacernos oír con más fuerza y buscar soluciones colectivas nos hemos organizado en pequeños grupos, asociaciones, comités y asentamientos marginales a lo largo y ancho de nuestra geografía. Un logro, sí, pero aún andamos dispersos, atomizados, sin referentes organizacionales de carácter regional o nacional. Nuestras demandas son locales y grupales, y por ello no hemos tenido la fuerza suficiente para hacer que el gobierno nos tome en serio. Tal es el motivo por el que ahora hemos realizado el Primer encuentro Nacional de Desplazados, cuyos resultados diremos a ustedes en breve. (Vale.)