¿Sigue en Los Pinos Echeverría?

¿Su guerra sucia se prolonga en México? ¿Sus fuerzas regulares,  escuadrones de la muerte y Halcones continúan generando miles de desplazados en el país? ¿Se advierte, acaso, diferencia alguna entre el gobierno del tablajero priísta y el matancero del Verbo Encarnado? Aquí, la voz de los desplazados del Sistema de poder, víctimas sometidas a despojos de sus tierras y pérdida de sus costumbres y tradiciones. Así, palabra a palabra,  comunican a ustedes su situación conflictiva:

Buscamos donde sobrevivir. Cada vez somos más mexicanos los que hemos debido abandonar nuestras casas, trabajo, comunidad. Esto, contra nuestra voluntad, dejando costumbres y tradiciones ancestrales, producto del esfuerzo familiar de años y generaciones enteras. En este proceso por salvar la vida hemos visto fragmentarse nuestras familias y  sufrido la pérdida de seres queridos.

Desde los 80s comunidades y organizaciones diversas hemos venido luchando por un cese al desplazamiento. En Huitzilan, Puebla, la Unión Campesina Independiente (UCI) ha denunciado  hostigamiento, desaparición y violencia que sufren por parte de paramilitares y caciques para apropiarse de sus tierras.

Violencia han sido el despojo de los triques del Municipio Autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, y la masacre de Acteal, donde indígenas tzotziles fueron asesinados por un grupo paramilitar, que provocó el desplazamiento de toda la comunidad. En todos los casos participan paramilitares que actúan bajo resguardo y complacencia del Estado  para desplazar a la población civil de forma masiva.

Luego del revés sufrido al intentar apoderarse de las tierras de Atenco mediante la expropiación para construir un Aeropuerto (proyecto que incluía el desplazamiento de los pobladores originarios, campesinos en su mayoría con un arraigo muy fuerte a su tierra), el Estado afina su estrategia para instaurar sus proyectos, que incluye el fomento de grupos paramilitares y el traslado de la violencia de la “Guerra contra el narco” a las comunidades, con lo que ha legitimado la presencia del ejército en gran parte del país, que cumple una función de hostigamiento a la población civil en su conjunto, particularmente  a las organizaciones sociales.

Desarraigados en nuestro propio país, víctimas de intereses económicos, políticos y militares, cargamos sobre nuestros hombros el peso de las masacres, las desapariciones forzadas, las torturas, violaciones sexuales, los allanamientos ilegales y los encarcelamiento arbitrarios, todos ellos reconocidos como delitos de lesa humanidad.

Nos desplazan para apoderarse de nuestras tierras y bienes. Nos han expulsado por liderar procesos sociales de beneficio comunitario o por expresar opiniones críticas sobre la realidad social, política y económica del país. El Estado, a quien responsabilizamos de nuestra suerte por acción u omisión, nos ignora, nos niega, nos reprime.

¿Qué hacer? Para hacernos oír con más fuerza y buscar soluciones colectivas nos hemos organizado en pequeños grupos, asociaciones, comités y asentamientos marginales a lo largo y ancho de nuestra geografía. Un logro, sí, pero aún andamos dispersos, atomizados, sin referentes organizacionales de carácter regional o nacional. Nuestras demandas son locales y grupales, y por ello no hemos tenido la fuerza suficiente para hacer que el gobierno nos tome en serio. Tal es el motivo por el que ahora hemos realizado el Primer encuentro Nacional de Desplazados, cuyos resultados diremos a ustedes en breve. (Vale.)

 

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