México ha fracasado en su promesa de proteger los derechos humanos. Una asignatura pendiente es su sistema de justicia, plagado de impunidad y abusos de las autoridades.
Y si de acuerdo a la tremenda requisitoria de Amnistía Internacional tales abusos e impunidad los cometen contra todos nosotros, el núcleo mayoritario de la comunidad, qué decir de los marginados de siempre, desde indígenas y minusválidos hasta la preferencia sexual distinta y el comercio sexual. Qué decir, a propósito, de las difíciles condiciones en que por culpa de la corrupción oficial laboran los trabajadoras sexuales, ellas y ellos. En esta actividad, acusan, cabe toda suerte (mala suerte) de corruptelas del policía o de las autoridades encargadas del servicio sexual. Todo esto por la falta de un marco jurídico que proporcione los correspondientes derechos laborales a quienes prestan este servicio social.
– Las autoridades y nuestras “administradoras”, que nos mantienen bajo un régimen de explotación, discriminación, cuotas obligatorias, despojo de las fuentes de trabajo y amenazas de detención, riesgos de quienes solicitan los servicios, presiones de la comunidad, descrédito, en fin. Así tenemos que sobrevivir quienes nos dedicamos al comercio sexual.
Y que en el intento de protegerse contra la corrupción que los azota cada día, los trabajadores del sexo comercial, ellas y ellos, se agrupan y organizan para su mutua defensa y tratan de crear conciencia de su problemática en la comunidad. “Porque tenemos memoria y no olvidamos los agravios que nuestro sector padece día con día”. Indignante.
Siete son los pilares del lenocinio que detectan en el país. El primero fue la legitimación de los llamados puntos de tolerancia, administrados por las representantes o “madrotas”, como en el medio las denominan, quienes todavía hoy se sienten dueñas de dichas calles que, dicen ellas, “cuando funcionario del gobierno del DF Enrique Jackson nos entregó de manera verbal en 1986”, con croquis y mapas que todavía hoy resguardan como documentos testamentarios.
Y como el “Reglamento gubernativo de justicia cívica del DF”, al igual que sus modificaciones posteriores, estipulaba como falta administrativa ofrecer servicios sexuales, “se llegaba a arreglos con la autoridad para que se llevaran a un número determinado de trabajadoras o trabajadores sexuales, y así cumplir con la presión vecinal”. Y todos, o casi todos, contentos.
Todo esto en el Distrito Federal, aunque, por supuesto, en otras ciudades del país también existen las zonas de tolerancia. La política de tolerar el sexo comercial surge ante la falta de un marco jurídico claro, que establezca derechos laborales y obligaciones patronales con claridad, como con el resto de oficios y profesiones, y en el caso de quienes son trabajadoras o trabajadores sexuales independientes, su reconocimiento por parte de los congresos locales como trabajadores no asalariados.
Desde el establecimiento en México de la primera casa de mancebía, en 1938, las autoridades proyectaron la creación de perímetros autorizados para el ejercicio del comercio sexual. La aplicación de la tolerancia nunca trajo consigo la despenalización del delito de lenocinio, quedando abierta la posibilidad de que se castigue a encargados de los lugares que se niegan a pagar las cuotas impuestas por autoridades corruptas donde las y los trabajadores sexuales se ocupan.
(Los otros pilares que en la práctica prostituyen la prostitución, mañana.)