“En México los indígenas son víctimas de discriminación y viven en la pobreza extrema. Son tantas las violaciones a sus derechos que pareciera que ellos no existen o no tuvieran personalidad jurídica. Parte fundamental en las gestas de Independencia y Revolución, sus demandas no hay sido atendidas”.
¿Fundadas las acusaciones de la ONU y Ongs? Porque hace años que el gobierno saldó esa deuda: ¡Nunca más un México sin sus comunidades indígenas integradas al desarrollo nacional con justicia, estado de derecho y respeto a la ley!
Para ello editó la Cartilla de los Indígenas, un cuadernillo minúsculo (cabe en la palma de la mano) que Zedillo mandó publicar, y que lo proclama: “Los indígenas tenemos los derechos de todas las personas –hombres y mujeres, niños y adultos, sin distinción de raza, nacionalidad, idioma, pensamiento, creencias religiosas o políticas, o nivel económico-, establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Magna, las leyes que se derivan de ésta y los pactos y convenios internacionales firmados por México.
Tenemos derecho: A la vida, a la libertad, a la seguridad y a ser tratados con dignidad y respeto. A no ser torturados, ni detenidos ni encarcelados, a menos que se nos acuse de cometer infracción o delito. A que la ley se nos aplique por igual como a todos. En caso de ser acusados de algún delito a ser juzgados conforme a la ley. Contar con las garantías que establece la Constitución. Tener abogado defensor y, si no hablamos el idioma español, a que nos auxilie un traductor con conocimiento de nuestra lengua y a que se nos considere inocentes mientras no se pruebe lo contrario. Tenemos derecho a no ser discriminados, y a que se respeten prácticas, usos, costumbres y tradiciones étnicas, lingüísticas, religiosas, sociales, políticas o culturales que no atenten contra los principios establecidos en la Constitución ni contra los derechos de alguna persona. A que impere en nuestra familia la igualdad de derechos para el hombre y la mujer, el niño y la niña. Las mujeres tenemos derecho a un trato digno y respeto como seres humanos; a que no se nos someta a ningún tipo de violencia, sea ésta física, psicológica, moral o sexual, y a que no se nos haga víctimas de discriminación alguna respecto de los varones.
A la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y a cambiar de religión. A reunirnos pacíficamente o asociarnos con cualquier fin lícito, sin que pueda obligársenos a pertenecer a grupos o partidos. A participar en asuntos políticos, directamente o a través de representantes libremente elegidos. A elegir o ser elegidos popularmente para cargos públicos, con garantía de sufragio universal, libre y secreto. A satisfacer oportuna y adecuadamente nuestras necesidades de salud, seguridad, educación, vivienda y ambiente sano. A que se respeten nuestros derechos laborales y sindicales. A participar en actividades artísticas, culturales o científicas y a que se protejan nuestros derechos autorales.
Es obligación de los servidores públicos: No cobrarnos por sus servicios. Darnos atención e información sin discriminación alguna. Responder por escrito a nuestras demandas. De los inspectores, policías preventivos y judiciales, agentes del Ministerio Público y de los jueces; y de todos los funcionarios dentro del ámbito de su competencia: ¡Tratarnos con respeto! ¡Darnos protección y seguridad! ¡No abusar de su autoridad!”
Y los derechos de los indígenas, asegurados. A la mexicana. (Qué país.)